El pasado septiembre, la Comisión de Precios de los Medicamentos aprobó en nuestro país la financiación de dos agentes para el tratamiento del cáncer de mama metastásico (Trastuzumab deruxtecán y Sacituzumab), a pesar de que en Europa ya estaban en uso tres años antes tras su aprobación por la Agencia Europea del Medicamento (AEM). Se trata de un retraso por motivos económicos, lo que induce a plantearse si acaso el orden de prioridades, cuando de sanidad se trata y máxime en caso de enfermedades graves, debiera revisarse y primar el esfuerzo por curar o aliviar sobre otras inversiones más que cuestionables porque, además, son ya habituales en España las dilaciones para la incorporación de nuevos fármacos.

                     El precio es alto y ello explica también que, de no ser incluidos en la Seguridad Social, muchos pacientes no podrían asumirlo, con lo que el pronóstico de algunas dolencias empeoraría por razones estrictamente económicas lo que aquí, a diferencia de otros lugares y dada nuestra cobertura sanitaria pública y gratuita, representa una contradicción inaceptable, al igual que ocurre en las aseguradoras privadas cuando se niegan a financiar los tratamientos oncológicos de administración oral.

                   Sucede, en buena parte de las compañías con ánimo de lucro, que no cubren el pago de fármacos de probada eficacia contra algunos cánceres, aduciendo como argumento (más bien excusa) que sólo aceptan el pago de tratamientos por vía parenteral. Así, viene ocurriendo que medicamentos de acción útil y contrastada son excluidos por el mero hecho de presentarse en comprimidos y no para su aplicación intravenosa como ocurre con la mayoría. Sin embargo, en los últimos años se asiste, entre otros avances, al aumento de agentes antineoplásicos de probada actividad, algunos administrables oralmente y por ello más cómodos para el enfermo/a. Puede concluirse de todo ello, y tanto en la sanidad pública como en la privada, que el dinero condiciona en demasía las opciones de que se dispone, fomentando situaciones discriminatorias y, en consecuencia, introduciendo en los objetivos de curación o paliación, de ser el caso, factores que ponen en solfa la ética que debiera presidirlos.