El gasto público lleva desde hace demasiado tiempo precisando de una diferente distribución que prime las necesidades básicas de la población. Y no me refiero hoy a vivienda o salarios sino a educación y sanidad, pilares sociales que cimentan progreso y bienestar.
Para empezar, es sobradamente conocido que la sanidad pública no ha incrementado sus recursos en paralelo a las carencias asistenciales y, en consecuencia, se alargan las listas de espera para la oportuna atención sin otra contrapartida que una creciente derivación hacia la sanidad privada, ávida de negocio.
En cuanto al presupuesto para educación primaria y secundaria, la inversión dedicada a la misma nos sitúa a la cola de Europa aunque se haya duplicado en los últimos años hasta alrededor de los setenta mil millones.
Sin embargo, no se trata únicamente de subvencionar al profesorado, y es que siguen sin cobertura muchas necesidades del alumnado y el coste de comedores, material escolar o el pago de actividades educativas más allá de las aulas, sigue pesando sobre las familias, que deberán hacerse cargo de las mismas si acaso pueden permitírselo.
Entretanto, el gasto político global para ese “consorcio de falsarios” (en palabras de Caballero Bonald), incluyendo sueldos, financiación de Partidos, gastos electorales o contrataciones masivas de personal de su confianza, entre otros, se acerca a los 150.000 millones, cantidad que dobla en el PIB la destinada a servicios educativos.
Como puede deducirse, se va haciendo imprescindible redimensionar las partidas económicas y cambiar el Senado y los sueldos de miles de amiguetes por cuadernos y bolis, comida gratuita en los colegios y una atención médica sin dilación de meses. Alternativas que serían sin duda apoyadas por un abrumadora mayoría, pero los líderes de esta democracia suelen atender sólo a su conveniencia, y así nos va cuando precisamos de intervención quirúrgica o hay que pagar los libros de texto y el viaje del retoño que ha programado su escuela con el resto de la clase.

















