En línea con lo propuesto para las ciudades con más de 50.000 habitantes – unas 149 en el país, aunque en la actualidad no se haya puesto en marcha en más de 30, y algunas se hayan arrepentido y eliminado la ordenanza, cual es el caso de Gijón o Valencia -, desde el 1 de enero del año en curso se ha dispuesto que el centro de Palma de Mallorca sea considerado Zona  de Bajas Emisiones (ZBE), aunque las multas por incumplimiento de la normativa (200 euros) se pospondrán en principio hasta el 1 de julio si no cambian de nuevo el plazo, como viene ocurriendo.

                       A tal efecto,    y con el objetivo de disminuir la emisión de gases y mejorar en consecuencia la calidad del aire, se instalarán 16 cámaras para la lectura de las matrículas, siendo en principio prohibida la circulación de vehículos de gasolina con más de 25 años de antigüedad y de 20 en caso de combustible diesel, mientras seguirán permitidas motocicletas, concesionarios de servicios públicos, los destinados a cubrir emergencias, también el tránsito para acceder a aparcamientos municipales, establecimientos hoteleros y los coches – con independencia de su antigüedad – pertenecientes a propietarios empadronados en la zona o titulares de aparcamientos en la misma.

                    Con relación a todo ello, cabe preguntarse si en esta ciudad, y eludo hacer extensivo el análisis a otras por un menor conocimiento de las mismas, puede considerarse decisión oportuna y opino que no, pues se diría que obedece a otros intereses que el de contribuir en alguna medida a un mayor control del cambio climático. La flota afectada, en el centro de la ciudad, no superará de entrada un 4-5%, lo que supone un impacto de escasa trascendencia, pero es que, además, ello restringirá la movilidad de la población con menores recursos (habitantes de barrios periféricos, propietarios de vehículos con más años, mayor dificultad para cambiarlos dado el coste consiguiente…).

                     En conclusión: una prohibición sesgada, en línea con el escaso/nulo impacto de las decisiones políticas sobre la alteración ambiental y baste con revisar los resultados de los congresos internacionales a este respecto. ¿No sería de mayor efectividad peatonalizar alguna que otra calle, lo que afectaría a todos por un igual? Y por seguir con sugerencias, limitar el alquiler de vehículos turísticos, su circulación entre las Avenidas y el mar (la ZBE) o el número de cruceros que nos visitan (sólo uno de ellos contamina más que el parque móvil de prevista restricción), serían sin duda decisiones más operativas para el fin que en teoría se persigue, ya que en la práctica es plausible suponer que no hay puntada sin hilo y, en ésta, el hilo podría ser una mayor recaudación, tanto para el municipio (multas, aumento del precio de los aparcamientos) como para los fabricantes de parque móvil en un próximo futuro. Entretanto, para quienes hayan de circular por el centro y anden escasos de recursos para hacerse con un nuevo coche, pintarán bastos. Nada nuevo, por otra parte.