Como es sabido, el tratamiento de las enfermedades oncológicas ha mejorado considerablemente en sus resultados a lo largo del tiempo, superándose actualmente el porcentaje de un 50% de curaciones para muchos tumores de distinto origen. Sin embargo, conviene también prestar atención a circunstancias que retrasan dicho objetivo y defectos en la planificación al respecto. Para empezar, es sabido que existe relación directa entre gasto sanitario y descenso de la mortalidad oncológica, como se demostró hace unos años en Europa comparando los países del este (gasto per cápita en salud, inferior a 2000$ / año; porcentaje de enfermos con cáncer fallecidos, aproximadamente el 60%) con los del oeste, en los que el gasto medio superaba los 4000$/año y la mortalidad oncológica era inferior al 40%. 
En España nos situábamos en una posición intermedia y, actualmente, el 7.5% del gasto farmacéutico corresponde a medicación anticancerosa. Sin embargo, existen otras circunstancias, por lo que hace a la investigación y tratamientos antineoplásicos, que debieran ser modificadas en aras a unos mejores resultados y, a modo de ejemplo, aquí van un par de ellas.
Respecto a la investigación de nuevos fármacos contra el cáncer, se constatan deficiencias ya desde el inicio. En 2021, sólo el 6.2% de los testados en fase inicial fueron finalmente aprobados para su uso por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en USA y, de ellos, el 8% se retiraron posteriormente del mercado por inoperancia o efectos secundarios indeseables, todo lo cual obliga a plantearse la necesidad de una mayor y mejor supervisión técnica si se pretende evitar una inversión inútil, cuando no peligrosa, para los receptores de los mismos.
En España el contexto es, si cabe, más criticable. Medicamentos de probada
eficacia y ya aprobados para su uso en USA o Europa (EMA: Agencia Europea del Medicamento), tardan aquí varios años en comercializarse. Y cuando ya utilizados en el sector público, no así en la sanidad privada, con proscripciones que dilatan aún más su uso, especialmente los de administración oral, aduciéndose que, en ese caso, están excluidos del contrato suscrito entre la empresa y los usuarios de la misma.
De todo lo anterior puede concluirse la urgencia de seleccionar adecuadamente los medicamentos a testar, aumentando a un tiempo la financiación pública (⅔ del capital empleado en avances farmacológicos procede de empresas privadas) y – no es cuestión menor – garantizando la equidad en el acceso a nuevos fármacos que, como se comprueba, están logrando aumentar significativamente la supervivencia libre de enfermedad.
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