La justicia no es igual para todos. Aunque lo diga el Rey que, de echar un vistazo a su entorno próximo, debería contar a cien antes de hablar. Estamos asistiendo a decenas de casos, por quedarme corto, en que los imputados -políticos o cargos por ellos designados- eluden la cárcel mediante pagos millonarios; entretanto, recurren y pasan los años, para seguir ellos en el disfrute y la mayoría en la estupefacción.

Compárese con el trato que recibe el delincuente común y las diferencias son obvias. Así pues, y para empezar, la fianza exigida a cualquiera debe estar en consonancia con su patrimonio y nivel de renta, porque son más llevaderos ocho millones de euros para algunos que ocho mil para los más. Y todo ello previa incautación preventiva de lo presuntamente hurtado.

Por lo demás, arbítrense los dispositivos judiciales que garanticen una decisión inapelable en plazo corto, incluyendo los eventuales recursos. En el tiempo medio que transcurre entre una estafa, entre meter la mano en la caja del supermercado, y acabar en la trena con abogado de oficio, por poner un ejemplo. Dedicar dinero público a acortar la espera de tanto sinvergüenza estaría sin duda mejor visto que el que se dedica a promocionar la Marca España. Con viajes incluídos. Y hay que cuidar la ejemplaridad, como nos dicen una y otra vez.