Los autobuses van llenos; el transporte público colapsado y por las carreteras se tarda en llegar al trabajo o de vuelta a casa el doble que años atrás, así que, tras mucho darle vueltas, los poderes políticos deciden que se prohibirá, so pena de multa, que los coches particulares transiten con un solo pasajero, contando entre los mismos al propio conductor. Desde entonces, los vehículos privados deberán llevar cuando menos dos en su interior y, si no se circula con familiares o conocidos, pues recoger a alguien en el trayecto y acercarlo, cuando no dejarlo, en su lugar de destino. De ese modo, se terminó el problema sin necesidad de reforzar la red de autocares con la inversión consiguiente. ¿Qué les parece?

                       Y otra idea que podría estar cualquier día de estos en candelero: está el SMI a 1221 euros al mes, que como puede apreciarse no da para casa, comida y el mantenimiento de quienes vivan a expensas del citado sueldo. Tampoco el aumento anual del dos y pico por ciento aliviará la precaria situación. Sin embargo, también es posible cargar a la ciudadanía con la solución, de modo que todos aquellos que ingresen por encima de los 5000, de forma legal y aunque hayan debido prolongar su jornada laboral o tardar años de esfuerzo hasta conseguirlo, habrán de asumir una carga adicional en la declaración de Hacienda; ingresos que el Estado destinará a aumentar el salario de los menos favorecidos

                    En los ejemplos anteriores, nada de incrementar la inversión pública o cuando menos blindarla de gastos que se antojan innecesarios. No eliminar las decenas de miles de asesores y amiguetes de los políticos de turno ni por supuesto abolir el Senado, que ya me contarán ustedes de su necesidad. Las deficiencias organizativas o evidentes carencias sociales, repercutidas en la población, y autobuses o emolumentos, por el momento mera especulación hasta más ver, me sirven para una provisional opinión sobre la carencia de vivienda, sus elevados precios de alquiler y el decreto sobre el tema (prórroga del contrato dos años, aumento no superior al 2%) , finalmente rechazado en el Congreso.

                    ¿Mayor inversión en vivienda pública a precio asequible y más allá de las reiteradas promesas? ¿Actuaciones sobre los Fondos buitre y medidas legales contra los mismos? O rehabilitación de miles de edificios infrautilizados… Pues no: como en los hipotéticos casos del transporte o sueldos insuficientes, las soluciones se iban a cargar en exclusiva sobre los arrendadores, aunque estos hubieran de haberse esforzado toda su vida laboral en hacerse con alguna propiedad que garantizase comodidad tras la jubilación. ¿Especulación? Pues depende del punto de vista y, sin duda, más cuestionable en el conjunto de Comunidades que la exhibida en este caso por los inspiradores de la fracasada solución. Y me permito señalar que no me siento ideológicamente próximo a quienes han dado al traste con la dudosa iniciativa. ¡Pero ya basta de cargar a los demás con las torpezas de quienes son incapaces de idear un abanico de alternativas! Y es que los caseros no debieran ser siempre el único objetivo del martillazo legal, porque el problema no surge sólo de sus bolsillos.