La mayoría de ustedes recordarán sin duda la muerte del inmigrante senegalés de 28 años, Alpha Pam, el 21 de abril. Vivía en Can Picafort desde 2005, y el fallecimiento se produjo a consecuencia de una tuberculosis que no fue adecuadamente tratada por no disponer el joven de tarjeta sanitaria. Al carecer de cobertura (ley 16/2012) para ser atendido en los servicios de Atención Primaria, acudió a Urgencias, donde no se practicó examen radiológico alguno y, por todo tratamiento, se prescribieron antiinflamatorios. Así se denunció en su día.

Más allá de los errores asistenciales, ciertos o presuntos, lo cierto es que las restricciones impuestas, limitándose la atención, en caso de pacientes en situación de ilegalidad administrativa, a los servicios de Urgencias, supone para todos ellos un riesgo inasumible en una sociedad que hasta hace poco contaba con un dispositivo sanitario que garantizaba equidad y universalidad. A día de hoy, los retrasos en pruebas de screening (mamografías, colonoscopias…) y unas listas de espera inasumibles de aplicarse criterios clínicos en lugar de económicos, coloca a toda la población -que no únicamente a los inmigrantes irregulares- en situación de indefensión y grave riesgo para la salud.

Todo ello se deriva de disposiciones dictadas y/o asumidas por los gestores políticos de esta Comunidad que, sin embargo, y tras la denuncia interpuesta por varias organizaciones, han sido absueltos hace unos días por el fiscal. Vetar la asistencia en Centros de Salud o amenazar con el cobro de los servicios sanitarios prestados (efecto disuasorio), son factores que sin duda contribuyen al retraso diagnóstico y terapéutico, de lo que pueden derivarse muertes evitables como así ocurrió. Bajo estas premisas, la absolución del Gobierno balear y su máximo responsable sanitario, el Conseller Sansaloni, no produce sino pasmo e indignación, toda vez que las indeseables consecuencias ocurren -y lo seguirán haciendo- con su beneplácito o por su incompetencia. Una vez más, la Justicia en tela de juicio; una Justicia que es también, en buena parte, corresponsable de la deficiente asistencia que se presta en la Comunidad y que ejemplifica esta muerte.