Benevolencia y la vista gorda, porque está visto que en este país nuestro sólo pasan por el tubo quienes acostumbran a cotizar. O los parados. En el caso de los políticos, la lentitud del proceso puede terminar en sobreseimiento, o recurrirán una y mil veces (y no es gratis) hasta conseguir la reducción de pena cuando no el perdón. A cambio de tres avemarías y poco más. Sin embargo, hoy voy a dejarlos a un lado y me centraré en esos para quienes las escuchas telefónicas vulneran sus derechos fundamentales, así tengan fardos de cocaína o heroína ocultos en el planchador.

Con la ocurrida a primeros de este mes, ya son cuatro las sentencias absolutorias. Y tan contentos los clanes de La Paca, del Forrito, del Dani… Los delitos contra la salud pública, la tenencia ilícita de armas y los quilos de droga intervenidos, no son óbice para que las escuchas carezcan de motivación -así ha dicho algún juez- y proporcionalidad (?). Asimismo, los registros domiciliarios son -atentos al parche- infundados, aunque hiciese falta un camión para transportar la mercancía incautada o se descubriesen fajos de billetes bajo un falso techo. Y no ganados precisamente con el sudor de sus frentes.

Cabe deducir que estar sin oficio pero con beneficio es de lo más normal, a juicio de algunos leguleyos. Así de bien les va a La Bizca, El Ico, El Moreno, El Chencho o El Loco, y las decenas de propiedades inmobiliarias o los coches de alta gama -«los haigas», que se decía en mi adolescencia- son minucias para Hacienda, que bastante tiene con revisar las declaraciones de quienes las hacemos, por comprobar si hemos olvidado cien eurillos. Y todo lo demás, presunción de inocencia, que se llama. Más que de sentido común, parecen inscribirse los juicios por narcotráfico en un común sinsentido. Ya sólo falta inaugurar un Ministerio de la Suprema Felicidad, al estilo venezolano, para facilitarles estancias de sexo y lujo en cualquier paradisíaco rincón. Ninguno de los absueltos, presumo, tendrá problemas a la hora de abonar su importe.