Llevaba meses siguiendo con atención el debate científico -que no ideológico- para aceptar o proscribir definitivamente lo que podría no ser sino un capricho. Tal vez algunas mujeres se gocen con la interrupción de su embarazo, la violación habrá que objetivarla si es el caso y, en cuanto a la libertad para decidir, debiera definirse sin dobleces lo que significa libertad y decisión, sustantivos abstrusos que se utilizan las más de las veces a la ligera porque, y en cuanto a la libertad por lo menos, su protección es el objetivo del proyecto de ley, aunque ejercida desde la reflexión (el requisito, una semana para pensar lo que tal vez pareció baladí) y con la oportuna asesoría (dos médicos a falta de uno).

Por eso me he fijado especialmente en los argumentos que, tendenciosamente, algunos califican de «reaccionarios», y es que no hay cosa más fácil que descalificar la divergencia. Tampoco cabe echar la opinión de la Iglesia en saco roto, porque no se trata de lucubración metafísica como algunos la consideran, sino basada en la objetividad y con el refrendo del rigor analítico. Vean, si lo dudasen, cómo se ha incorporado el dogma a la docencia; un dogma religioso equiparable a la física o la biología, por comparar, ya que es igualmente demostrable y bebe, si no de las neuronas, sí de una pasmosa clarividencia mantenida a través de los siglos (lo que es aún más pasmoso).

Sin embargo, no fue hasta el lunes pasado cuando por fin me convencí. Y es que, más allá de la demagogia (que si ley de plazos en vez de supuestos, que si potestad de la gestante para determinar lo que hacer con su propio cuerpo o por qué se restringen las ayudas sociales para los nacidos), la investigación, con datos fehacientes, demuestra por boca de nuestros gobernantes que el número de abortos disminuirá sustancialmente -cifras en proceso de elaboración, pero contundentes- con relación a un año que se precisará más adelante. En consecuencia, aumentará el número de nacidos, los potenciales trabajadores, y el país pasará a ser un modelo fehaciente de posmodernidad. Es, en resumen, el definitivo jaque a la crisis merced a la sustitución de esos miles de emigrantes, regresados a sus países, por futuros empleados autóctonos, lo que llevará aparejado un beneficio económico sin parangón, aunque no quepa, por el momento, cuantificación alguna al respecto.

Desde esa perspectiva el aborto pasará a ser, además de un crimen (celular, de ocurrir a pocas semanas de la fecundación), un atentado al porvenir de una España que, libre de interrupciones voluntarias, no volverá a precisar de rescate alguno. Ni siquiera bancario. Así, el Anteproyecto de ley se inscribe en el conjunto de medidas para salir de la recesión y el atolladero, mientras que los empresarios baten palmas por la mano de obra que se avecina. Y a ver que se sacan ahora de la manga, los «progres», para seguir en sus trece por encima de unas evidencias, ya que no demostradas, incontestables. Y si se contestan, pues como quien oye llover.