Me refiero a los exámenes para determinar el riesgo hereditario de cáncer de mama y a los test genéticos para predecir, en enfermas, las posibilidades de recurrencia tras la intervención, lo que permite administrar quimioterapia a las de alto riesgo y evitársela a otras con mejor pronóstico. En cuanto al cáncer hereditario (frecuente mutación de los genes BRCA 1 ó 2), la empresa americana que detentaba el monopolio para tales análisis, Myriad Genetics, cobraba entre 3000 y 4000 dólares, una sustanciosa cantidad que se negaba a rebajar hasta que, en junio de 2013, la Corte Suprema (en el contexto de la reforma sanitaria emprendida por el presidente Obama) terminó con esa rentable exclusiva. Desde entonces han recortado sustancialmente el precio por mor de una competencia antes ausente; ahora son unos 500 dólares en caso de seguros privados y sin costo para el usuario (con cargo a la cobertura estatal: Medicaid) si sus ingresos no alcanzan el nivel del salario mínimo.

¿Qué sucede en España, respecto a dicha técnica? Pues las compañias aseguradoras no la cubren. En cuanto a la Sanidad Pública, la inequidad es manifiesta y, de no correr la candidata con los gastos, las listas de espera en algunas Comunidades Autónomas pueden prolongarse durante años. Seguramente las mutaciones genéticas se darán más prisa en socavar la salud. Por lo que respecta a predecir, a través del estado de un conjunto de genes, el riesgo de que un cáncer ya intervenido quirúrgicamente pudiese diseminarse en el futuro, en USA se utiliza el Oncotype ( examen de 21 genes) sin mayor problema, mientras que aquí, el Mammaprint (análisis de 70 genes y más extendido en Europa a través de una empresa, Agendia, sita en Holanda) no es financiado en ningún caso (sobre 2000 euros) o así ha venido ocurriendo hasta ahora, de modo que será el bolsillo de la afectada o su familia quien, en última instancia, dirimirá sobre la oportunidad de una prueba que, cuando planteada por el especialista, puede incluso ser recibida con suspicacia, no fuese que la propuesta esconda una comisión económica, por sintonizar con el mercantilismo imperante.

A esa vergüenza, a más de males mayores, nos aboca una planificación sanitaria que ni siquiera cabe tildar de economicista (las mencionadas pruebas, en su conjunto, costarían menos que unos tratamientos que podrían evitarse en porcentajes no despreciables). Lo que denota es una equidad en claro retroceso y, como advertirán, cortedad de vista. Ni siquiera en EEUU, donde la sanidad se ha venido planteando como un pingüe negocio, soslayan tales análisis. Y puede entenderse hasta cierto punto que la industria sanitaria, léase Myriad o Agendia, persigan la rentabilidad frente a otras consideraciones, pero que el Estado español siga la misma tónica y encima perdiendo dinero a medio plazo, da que pensar: sobre la cobertura asistencial, la justicia social desvanecida y, ¡cómo no!, sobre el cerebrito de los responsables últimos de unos desaguisados que darían para no acabar.