La reclamación de indemnización suscrita por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE), creada en 2003, fue desestimada ayer por parte del Tribunal Supremo, aduciendo la prescripción jurídica de los hechos tras más de cincuenta años e indicando que la demanda debió, en todo caso, efectuarse al cumplir los afectados su mayoría de edad. Para quienes desconozcan los hechos, convendrá precisar que el fármaco se usó durante un quinquenio (1958-1963) para prevenir las náuseas durante el primer trimestre del embarazo, y fue retirado tras comprobarse sus efectos teratogénicos (miles de niños nacieron con malformaciones en sus miembros, cuando no sin ellos). La Talidomida, no obstante, se sigue empleando actualmente para el tratamiento de algunas enfermedades: Lepra, Lupus, Mieloma…
¿Cómo pudo ocurrir? La compañía farmacéutica alemana Grünenthal (fabricante de medicamentos ampliamente utilizados: Adolonta, Tramadol, Transtec…), en aquella época y como sucedía en la mayoría de casos, no evaluó adecuadamente la toxicidad del producto mediante ensayos con prolongado seguimiento y antes de su comercialización.
Las prisas por amortizar la inversión y conseguir beneficios estuvieron en la base del drama que hoy se intenta evitar merced a una estricta regulación del proceso investigador en sus distintas fases preclínicas y clínicas, aunque no por ello pueda asegurarse que los efectos positivos o eventuales perjuicios a largo plazo, se objetivan sin sombra alguna de duda. Así, no es infrecuente constatar cómo se pone el énfasis en todo lo que pueda fomentar la prescripción médica (las ventas): la buena tolerancia del producto, pongamos por caso, si resulta que el objetivo principal (aumento de la supervivencia, control de los síntomas…) se revela poco claro.
Sin embargo, y en el caso de la Talidomida, el desastre fue de tal magnitud que no puedo por menos que discrepar del fallo legal. Quizá muchos de los afectados, y dado el tiempo transcurrido, no puedan probar que su madre tomó las nefastas pastillas, pero sus secuelas hablan por sí mismas y si no reclamaron antes (los afectados en Alemania fueron indemnizados allá por los setenta), ello no exculpa a Grünenthal. Sería algo parecido a volver la cara frente a los torturados en Auschwitz porque ha pasado demasiado tiempo. O perdonar al Dr. Mengele porque no era consciente del mal causado y actuó con su mejor intención. Tal vez sean parangones impropios, pero al enterarme de lo sucedido, me han venido a la cabeza. Leo hoy que AVITE se propone recurrir al Tribunal Constitucional y al de Estrasburgo. Espero de todo corazón que, en uno u otro, les vaya mejor.
Contar es vivir (te) 
No solo es que la compañía no evaluara en aquellos tiempos el conjunto de efectos tóxicos del fármaco mediante ensayos clínicos adecuados antes de su comercialización. La teratogenia es lo primero que se debe evaluar, y sobre todo en una indicación de embarazo. ¡Es lo más grave!. Debería haber sido la exigencia mínima para su autorización. Además, es un test fácil.
No entiendo cómo pudo ocurrir semejante barbaridad. No sé en aquellas fechas cómo se evaluaba la seguridad de los fármacos, qué tipos de estudios se realizaban, pero algo tan grave sí que debería haberse testado y exigido por la las agencias reguladoras, o por el mismo laboratorio.
Es un agravio comparativo, además de una putada, que en el resto de países se hayan cobrado indemnizaciones; por eso espero que el recurso Tribunal Constitucional y o el de Estrasburgo rectifiquen. Aquí no debería entrar la prescripción de los hechos. Vaya palo.
Cada vez los tribunales están más politizados, han perdido credibilidad y confianza. Este hecho, junto muchos otros, lo reafirma.
País de castañuela.
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De castañuela y pandereta. Incluso en Cataluña, pensando en el próximo domingo.
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Pues sí.
Vaya circo.
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Acaban de pillar a Volkswagen trucando las emisiones de gases, así que han estado jodiendo la vida a los asmáticos durante años, a sabiendas. Lo mismo sucedió con la talidomida, que curiosamente empezó vendiéndose como «sedante sin efectos adversos». Pronto se sospechó su efecto teratogénico, pero siguió comercializándose varios años, porque era realmente un chollo. Y hoy sucede lo mismo con el tabaco: se sabe que las empresas lo manipulan para modular la adicción a la nicotina, pero no parecen muy preocupadas por los cientos de tóxicos que la acompañan.
¿Solución? Que las multas sean desproporcionadas. Sí, hombre, sí. Que no dependan de la facturación (a fin de cuentas bastaría pagarlas con un pico del beneficio), sino multas insensatas, que deparen el fin de la empresa, la cárcel para los culpables, el ostracismo para los supervisores sobornados…
¡Ah, ya veo, suena duro! ¿Qué será de los trabajadores, que no tienen culpa de nada? A fin de cuentas, solo fueron unos cuantos asmáticos muertos, solo unos pocos niños sin brazos. ¿Cómo vas a meterles una multa incompatible con su supervivencia? Pues nada. Sigamos engañando al prójimo y que éste pague, encima, los platos rotos.
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Lo mismo podría aplicarse a algunos de los banqueros rescatados, a esos para quienes la justicia se pospone sine die (no sucede lo mismo con los robaperas, claro está), para otros que ejercen el poder para asegurarse la puerta giratoria cuando terminen de dárnosla con queso… ¿Y cómo acabar con todo ello? Porque con Podemos no lo creo.
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