La limitación de plazas, oficinas o servicios para determinadas actividades, pretende adecuar la oferta a la demanda. Se trata de un asunto cardinal, pues aunque los potenciales usuarios no dispongan de lo que precisan a pocos metros y algunos profesionales se vean obligados a posponer sus planes, aumentan las garantías de rentabilidad para quienes lo consigan, se pretende en cualquiera de los casos la eficiencia y, de ser la financiación cosa del erario público, se trata de evitar el gasto superfluo. Hay números clausus en centros sanitarios para el personal de los mismos o, en escuelas, para profesorado y alumnos. Licencias para abrir farmacias son gestionadas por el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma correspondiente, las de taxis dependen del ayuntamiento o el número de notarías, por no seguir, es regulado por el Ministerio de Justicia. Recientemente se han establecido -o así se ha publicado- restricciones para el atraque de cruceros en Palma de Mallorca y, con pandemia de por medio, los aforos en determinados lugares eran objeto asimismo de números clausus…

Es obvio deducir que las reducciones, éstas y otras, obedecen a intereses muchas veces encontrados, pero en política y para consejeros, asesores, enchufados u otras hierbas, prima todo lo contrario: gasto o eficiencia son pecata minuta y se hace evidente la preferencia de los gobernantes por un “Cuantos más lamecu… en mi camarilla, tanto mejor”. Con cargo a los dineros de la ciudadanía, claro está, lo cual permite dar razón a quien sentenció tiempo atrás que la política es el hábitat natural de fulleros y sinvergüenzas. Y si todo hombre inteligente –Camús en su novela “La caída”- sueña con ser un gangster, en este caso, siendo palmario el latrocinio a la res publica, sobraría únicamente el adjetivo «inteligente» y es que, si para Clarín los políticos en cuanto a luces no suelen pasar de medianos, los años transcurridos desde la época del escritor no parecen haber hecho sino empeorarlas.

Alguien debería tomar cartas en el asunto, cortar el grifo e imponer reducciones drásticas para los cargos a dedo, aunque de trasmitir la responsabilidad a cada uno de los gobernantes, ¡aviados estamos! Un control estricto que estableciese la correcta relación entre necesidades y nombramientos. Para ello, iría siendo hora de (al igual que ya existe el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ¿?) con mayor eficacia, transparencia y operatividad, un Ministerio para las Digitaciones. Establecer números clausus y aforo limitado en las poltronas. Siquiera por estética, ya que la ética parece ajena a esos reductos. Aunque si el tal Ministerio está bajo los auspicios del Gobierno de turno, sólo servirá para digitar a otros cuantos.

PD: Alguien me indica que el número en España se antoja excesivo y podría tratarse de una falsedad. En cualquier caso y sean los que fueren, ¿su trabajo justifica los honorarios? Porque tratándose de la dedocracia esa es, ante todo, la cuestión.