La bombonería Fargas de Barcelona, en las inmediaciones de la Catedral (Calle Pino 16) e inaugurada en 1827, está amenazada de cierre como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto Boyer a partir del 31 de diciembre de 2014. En esa fecha terminarán los contratos de arrendamiento de locales comerciales suscritos antes de 1985 (de «renta antigua») y que, desde el próximo año, podrán ser actualizados por el propietario. El pasado sábado fuimos a comprar -como hacíamos antaño, cuando vivíamos allí- catanias, unas almendras envueltas en chocolate que son de chuparse los dedos. Mi mujer conoció la pastelería a través de su tía, y la tienda se convirtió en referente de golosinas. Sin embargo, y de no cambiar las cosas, cerrará.

No diré que pueda considerarse justo, sin matices, mantener unos alquileres obsoletos y que llevan décadas sin adecuarse a los precios de mercado, pero multiplicarlos dentro de un año por veinte o treinta no estará al alcance de muchos pequeños comerciantes, que se verán obligados a echar el cierre o cambiar de ubicación. Se calculan en unos 60.000 los locales que pueden verse afectados en España, y sobre los 150 en Barcelona, según me informó la dueña de Fargas.

Se habrán terminado catanias, trufas y lenguas de gato en la calle de siempre, pero también desaparecerán -o ya lo han hecho- librerías (Jaimes, Canuda…), locales de arte, baretos o el colmado que usted solía frecuentar en esa u otra ciudad, y cederán sus emplazamientos a grandes firmas o multinacionales que puedan asumir los nuevos costes. La singularidad que procura el pequeño comercio está a punto de recibir una nueva estocada de peor pronóstico que las anteriores y con todo el respaldo jurídico pero, más allá de razones, los sentimientos se duelen. Y, en el caso de Fargas, también el paladar. Sólo cabe confiar en que se alcancen soluciones conciliatorias. Siquiera con muchos de esos comercios: los que han contribuido a definirnos, a que sepamos dónde estamos y de dónde venimos para ser como somos.