El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado que la ley española, en relación a los préstamos hipotecarios y un eventual desahucio, no se ajusta a las disposiciones europeas sobre protección al consumidor. En otras palabras: que ha venido primando el interés de la Banca por sobre los derechos de los ciudadanos más castigados por la crisis y con menores recursos.
Llama la atención que el tirón de orejas provenga de instancias europeas, y sólo cabe atribuirlo a que, entre las prioridades del Sr. Gallardón, abanderado de la justicia siquiera por contagio del título que ostenta, el desahucio no ocupa las primeras posiciones, que reserva al aborto o a una «violencia de género estructural», cuestiones sobre las que, por cierto, tampoco ha ido más allá del enunciado.
Que le enmienden la plana desde Luxemburgo exigiría a cualquiera, siquiera por estética, una reflexión profunda sobre su aptitud para el cargo, pero se diría que la crisis ha tenido, como efecto colateral, el de rebajar la capacidad autocrítica de los gobernantes.
Si encima pueden hacerles el trabajo en Europa – a más de dictarles con precisión de dónde y cuánto recortar-, no me extraña que todos ellos aspiren a la reelección. ¡Menudo chollo!
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